Podem dir que només en la perifèria es violenten els drets humans de les dones?
“Només” és un terme excloent que significa « únicament », i a l’igual que els problemes econòmics, socials i ambientals que provoca el Sistema capitalista no es pateixen només a la perifèria, el mateix succeeix amb la violència contra els drets humans de les dones.
Crec, que també, i les dades ho avalen, en els països del nostre entorn i de la UE i en altres “països més desenvolupats econòmicament” existeix discriminació i violència contra la dona, encara que els índex siguin no només més baixos, sinó les manifestacions distintes. I sí, entre “ser iguals i viure en igualtat hi ha una gran distància” tal com apunta la diputada mexicana Marcela Lagarde en la seva presentació de l’anàlisi sobre polítiques de paritat i lideratge de les dones, a Astúries. Diversos factors, dels quals destaco a priori els següents em serveixen per corroborar el que dic:
a) Si agafem la taxa del risc de pobresa a Catalunya i Espanya (fons de l’enquesta de condicions de vida 2008 de INE i Idescat) comprovem que abans de les transferències socials la taxa de pobresa de les dones se situa en total en un 40,5% mentre que la dels homes en un 36%. Després de les transferències l’índex de les dones és en un 21% mentre que el dels homes en un 18,3%. Som iguals, però vivim amb igualtat?
b) Parlant de països més desenvolupats econòmicament la federació Russa és el 6è país del mon en el rànquink per PIB, i té, segons la PNUD, un desenvolupament humà alt, en canvi en l’informe Freedom House es fa especial èmfasi en que les dones a Rússia tenen una especial dificultat en assolir poder polític i que la única excepció a nivell regional és la governadora de Sant Petersburg. Que la violència domèstica és un greu problema i que la policia és reàcia a intervenir en els casos de violència domèstica perquè els considera “qüestions familiars”. Les dificultat econòmiques domèstiques, que no de país, fan que les dones s’hagin de dedicar a la prostitució en molts casos.
c) A la pàgina web d’amnistia internacional s’expressa el següent: “En el informe Obstinada realidad, derechos pendientes (julio de 2008), Amnistía Internacional llama la atención sobre la falta de cumplimiento de algunos de los compromisos de la ley integral, tres años después de su plena entrada en vigor. La organización acogió con satisfacción la adopción por parte del Estado español de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el 28 de diciembre de 2004, como un primer paso en la dirección correcta.” I que “El número de mujeres muertas como consecuencia de la violencia de género a manos de su compañero o ex compañero sigue siendo muy elevado. Según cifras oficiales, 71 mujeres murieron en tales circunstancias en 2007 y la tendencia actual no permite mostrarse optimista, ya que las víctimas mortales muestran únicamente la punta del iceberg de la violencia y discriminación que sufren las mujeres en España.” http://www.es.amnesty.org/paises/espana/violencia-de-genero/
d) A la pàgina web de la revista pueblos es pales el següent:
(http://www.revistapueblos.org/spip.php?article629) Violencia de género en Europa. Desarrollo y libertades en entredicho. Jueves 16 de agosto de 2007, por Paloma Lafuente Gómez
La lucha contra la violencia hacia las mujeres continúa jugando un papel primordial en nuestras sociedades ya sean consideradas estas más o menos desarrolladas. Hace tiempo que se viene demostrando en distintos estudios cómo el nivel de desarrollo de un país así como la situación socioeconómica y profesional de la mujer no está directamente relacionado con la ausencia o no de agresión. Resulta sorprendente comprobar cómo los países del norte de Europa, socialmente más desarrollados, están a la cabeza en la lista europea frente a sus vecinos del sur lo que viene a demostrar como en materia de género, el mundo desarrollado no consigue encontrar la fórmula mágica de la igualdad.
e) França: país de la UE, país desenvolupat econòmicament…malahuradament també ha de tenir un pla per la lluita contra la violencia de gènere (http://www.mtin.es/es/mundo/Revista/Revista108/147.pdf).
“ Frente a la gravedad y amplitud de las violencias de que son víctimas las mujeres, esencialmente la violencia conyugal, la secretaria de Estado para la Solidaridad, Valérie Létard, presentó el 21 de noviembre un plan trienal de lucha contra la violencia de género
En su discurso de presentación Valérie Létard, definió el plan para el periodo 2008-2010 como:
• “Un plan de movilización”: movilización en medios físicos existentes en materia de alojamiento, acogida y vivienda; movilización en medios humanos existentes (asociaciones, administraciones) y creación de nuevos medios.
• “Plan de sensibilización”: sensibilización del público a través de una amplia campaña de información, sensibilización de los medios de comunicación, del mundo publicitario, sobre el respeto de la imagen de la mujer.
• “Plan de protección”: protección de las mujeres víctimas asegurándoles una escucha y asesoramiento por un referente único; protección mediante el ofrecimiento de condiciones de seguridad suficientes para superar el miedo a presentar una denuncia o a pedir apoyo exterior, sea cual sea la violencia de la que se ha sido víctima o el lugar donde se haya cometido”.
f) Un estudi comparatiu de les dones alemanes, turques i de la antiga URSS posa de manifest que “Las mujeres alemanas son las que con mayor frecuencia han sufrido acoso sexual en sus diferentes grados” (http://www.mtin.es/es/mundo/Revista/Revista114/136.pdf)
Sí, som iguals, però remetent-me als fets jo també em pregunto si vivim amb igualtat?
martes, 20 de abril de 2010
martes, 6 de abril de 2010
article publicat a la revista de l'Il.ltre Col.legi d'advocats de Sabadell
Última Instancia Núm. 113 – Febrer / Març 2010
En torno a la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria por falta de consentimiento informado
M. Montserrat Cunillera Busquets. Profesora de la Escuela de práctica Jurídica del Iltre. Colegio de Abogados de Sabadell. Letrado, Jefe del Servició de Gestión Tributaria del Ayuntamiento del Vendrell. Letrada de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Sabadell (en excd).
La génesis estructural del instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración tiene su concepto angular en la noción de imputabilidad. Y tanto si se trata de una imputabilidad subjetiva, es decir, basada en la idea de culpa, como si se trata de una imputabilidad objetiva, basada en la idea de riesgo: la doctrina de la “falta del servicio” ha venido sirviendo de término mediador entre ambos planteamientos .
Recuérdese, que el principio de Responsabilidad Patrimonial proclamado en el artículo 106 de la Constitución, en cuanto manifiesta que “los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes o derechos, salvo casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”, conlleva un derecho de los llamados de configuración legal. Es decir, que no se trata de un derecho que derive directamente de la Constitución, sino que requiere la interposición de una Ley, y es exigible, no en los términos abstractos establecidos en la Constitución, sino en los términos concretos en que figure en la Ley ordinaria que lo regule, porque tras la primera coma del párrafo transcrito se reconoce el derecho “en los términos establecidos por la Ley”. Y que es la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJ-PAC) quien desarrolla las previsiones sobre responsabilidad patrimonial de la Administración (en su Título X, arts. 139 a 146) que se contienen en los arts. 9.3 y 106.2 de la Constitución española.
A tenor del art. 139.1 de la LRJ-PAC “los particulares tendrán el derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. En todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas”. Y el artículo 141.1 expresa, entre otros extremos, que sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley, es decir antijurídicos.
No cabe duda que en éste ámbito, con el devenir de los años, se ha pasado poco menos que de una irresponsabilidad a convertir a la Administración Pública, casi, en una aseguradora universal. En este sentido, tanto el Tribunal Supremo como el propio Consejo de Estado han alertado sobre los síntomas de abuso y deformación del instituto de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas que se pretende utilizar, con el consiguiente daño del erario público y, en último término del interés general, para fines distintos de los que justifican la existencia de dicho instituto.
Así, el Tribunal Supremo en sentencia de 27 de julio de 2002, ya advierte que “una interpretación laxa del citado precepto hasta el extremo de convertir a las Administraciones Públicas en aseguradoras de todos los riesgos sociales, dada la amplitud de los servicios que prestan y de las competencias que ostentan, es la más perturbadora para una correcta realización y progresiva ampliación de tales servicios públicos, pues el principio de solidaridad de riesgos que late en el sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración con el fin de lograr un mejor reparto de los beneficios y cargas sociales, puede verse frustrado con interpretaciones extensivas del requisito del nexo causal, aunque sea por razones tan atendibles jurídicamente como es la de evitar el desvalimiento de una persona que ha sufrido un grave quebranto”.
La cuestión que se plantea estriba en dónde poner los límites a tan vasta ampliación del ámbito del principio indemnizatorio, asentado sobre la base de la responsabilidad objetiva.
La idea de huir de las tesis maximalistas que en palabras de nuestro Alto Tribunal hay que rechazar se contiene palmariamente en su sentencia de 14 de julio de 2008 donde con extrema contundencia se expresa: “Hay que rechazar, pues, las tesis maximalistas de cualquier signo, tanto las que defienden que no cabe nunca derivar la responsabilidad patrimonial de la Administración autora de un acto anulado como las que sostienen su existencia en todo caso”.
Este alejamiento de las tesis maximalistas podemos comprobar como se ha aplicado también en la cuestión del defecto u omisión del consentimiento informado en materia sanitaria, donde el Alto Tribunal ha evolucionado desde una postura que lo reputaba en sí mismo constitutivo de un daño moral grave, distinto y ajeno al daño corporal derivado de la intervención y por tanto indemnizable, a otra, que afirma como regla o principio que la mera falta o ausencia de aquél no es indemnizable si no concurre el elemento del daño antijurídico.
Nótese, por cuanto reguarda a éste tema que la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica contiene dos supuestos -conectados entre sí, aunque diferentes- relacionados con el derecho a la información en el campo sanitario: la información clínica o asistencial (todo dato que permite adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o la forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla) y el consentimiento informado.
El denominado consentimiento informado encuentra su fundamento en los principios de autodeterminación de la persona y de respeto a su libertad personal y de conciencia, de forma tal que, su base constitucional enlazaría con el propio reconocimiento de la dignidad de la persona contemplado en el artículo 10.1 de la Constitución , de manera tal que, la información proporcionada a través del conocimiento de los riesgos y alternativas terapéuticas permita al enfermo optar entre las diversas posibilidades que se presenten de acuerdo con sus propios intereses.
Para la primera corriente doctrinal que se anunciaba en líneas precedentes, el derecho a la asistencia sanitaria no se agota en la prestación de atenciones médicas y farmacéuticas, sino que incluye el derecho esencial de información previa al sometimiento a cualquier intervención quirúrgica de forma clara y comprensible para el enfermo o para su representante legal, con la advertencia de los riesgos y señalando los posibles tratamientos médicos alternativos y, en todo caso, solicitando el preceptivo consentimiento previo a la intervención. En consecuencia, se da en la realidad legislativa al llamado «consentimiento informado», estrechamente relacionado, según la doctrina, con el derecho de autodeterminación del paciente una nueva configuración de sus relaciones con el médico sobre nuevos paradigmas.
En efecto esta línea jurisprudencia hacia pivotar la responsabilidad en el principio de autonomía personal. Así, se afirmaba que al omitir el consentimiento informado, se privaba de la posibilidad de ponderar la conveniencia de sustraerse a la intervención médica evitando sus riesgos y de asegurarse y reafirmarse en la necesidad de la intervención quirúrgica. De este modo se imposibilitaba al paciente y a sus familiares para tener el debido conocimiento de dichos riesgos en el momento de someterse a la intervención. Para esta corriente jurisprudencial dicha situación no podía ser irrelevante desde el punto de vista del principio de autonomía personal, esencial en nuestro Derecho, que exige que la persona tenga conciencia, en lo posible y mientras lo desee, de la situación en que se halla, que no se la sustituya sin justificación en el acto de tomar las decisiones que le corresponden y que se le permita adoptar medidas de prevención de todo orden con que la persona suele afrontar los riesgos graves para su salud.
Tal doctrina venia afirmando que esta situación de inconsciencia provocada por la falta de información imputable a la Administración sanitaria del riesgo existente, con absoluta independencia de la desgraciada cristalización en el resultado aún no siendo imputable causalmente a dicha falta de información o de que ésta hubiera tenido buen éxito, supone por sí misma un daño moral grave, distinto y ajeno al daño corporal derivado de la intervención. A este respecto cabe resaltar tal como indica el Tribunal Supremo en su sentencia de 7 de junio de 2001, remitiéndose a otras sentencias de 3 y 10 de octubre de 2000 (todas ellas de la Sala de lo contencioso-administrativo) que el título de imputación de la responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios generados por la actividad administrativa por funcionamiento normal o anormal de los servicios, puede radicar singularmente en el ámbito de la asistencia sanitaria, en el carácter inadecuado de la prestación médica llevada a cabo, esa inadecuación puede producirse no sólo por incumplimiento de la “lex artis ad hoc” sino también por la inexistencia de consentimiento informado.
Incluso, tal como se pone de manifiesto en la sentencia del Tribunal Supremo (Sección Tercera) de 23 de febrero de 2005, el Alto Tribunal ha llegado a declarar que el defecto de consentimiento informado se considera como incumplimiento de la lex artis ad hoc (sentencias de 4 de abril de 2000, 3 de octubre de 2000, 2 de octubre de1997 y 30 de marzo de 2003 ).
Como se decía la segunda corriente doctrinal afirma como regla o principio que la mera falta o ausencia de consentimiento informado no es indemnizable si no concurre el elemento del daño antijurídico . El Alto Tribunal a pesar de reconocer que la falta de consentimiento informado constituye una mala praxis ad hoc, no lo es menos que tal mala praxis no puede per se dar lugar a responsabilidad patrimonial si del acto médico no se deriva daño alguno para el recurrente y así lo precisa la sentencia de 26 de marzo de 2002 que resuelve recurso de casación para unificación de doctrina en la que se afirma que para que exista responsabilidad es imprescindible que del acto médico se derive un daño antijurídico porque si no se produce éste la falta de consentimiento informado no genera responsabilidad.
Tesis, por otra parte, que ya había mantenido el Alto Tribunal en la sentencia de 27 de septiembre de 2001 donde declaraba que: “la falta de información no es "per se" una causa de resarcimiento pecuniario (no da lugar a una indemnización si no hay un daño derivado, evitable de haberse producido)”. Éste es también el criterio que mantiene el Tribunal Supremo en su sentencia de 24 de febrero de 2010.
En torno a la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria por falta de consentimiento informado
M. Montserrat Cunillera Busquets. Profesora de la Escuela de práctica Jurídica del Iltre. Colegio de Abogados de Sabadell. Letrado, Jefe del Servició de Gestión Tributaria del Ayuntamiento del Vendrell. Letrada de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Sabadell (en excd).
La génesis estructural del instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración tiene su concepto angular en la noción de imputabilidad. Y tanto si se trata de una imputabilidad subjetiva, es decir, basada en la idea de culpa, como si se trata de una imputabilidad objetiva, basada en la idea de riesgo: la doctrina de la “falta del servicio” ha venido sirviendo de término mediador entre ambos planteamientos .
Recuérdese, que el principio de Responsabilidad Patrimonial proclamado en el artículo 106 de la Constitución, en cuanto manifiesta que “los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes o derechos, salvo casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”, conlleva un derecho de los llamados de configuración legal. Es decir, que no se trata de un derecho que derive directamente de la Constitución, sino que requiere la interposición de una Ley, y es exigible, no en los términos abstractos establecidos en la Constitución, sino en los términos concretos en que figure en la Ley ordinaria que lo regule, porque tras la primera coma del párrafo transcrito se reconoce el derecho “en los términos establecidos por la Ley”. Y que es la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJ-PAC) quien desarrolla las previsiones sobre responsabilidad patrimonial de la Administración (en su Título X, arts. 139 a 146) que se contienen en los arts. 9.3 y 106.2 de la Constitución española.
A tenor del art. 139.1 de la LRJ-PAC “los particulares tendrán el derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. En todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas”. Y el artículo 141.1 expresa, entre otros extremos, que sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley, es decir antijurídicos.
No cabe duda que en éste ámbito, con el devenir de los años, se ha pasado poco menos que de una irresponsabilidad a convertir a la Administración Pública, casi, en una aseguradora universal. En este sentido, tanto el Tribunal Supremo como el propio Consejo de Estado han alertado sobre los síntomas de abuso y deformación del instituto de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas que se pretende utilizar, con el consiguiente daño del erario público y, en último término del interés general, para fines distintos de los que justifican la existencia de dicho instituto.
Así, el Tribunal Supremo en sentencia de 27 de julio de 2002, ya advierte que “una interpretación laxa del citado precepto hasta el extremo de convertir a las Administraciones Públicas en aseguradoras de todos los riesgos sociales, dada la amplitud de los servicios que prestan y de las competencias que ostentan, es la más perturbadora para una correcta realización y progresiva ampliación de tales servicios públicos, pues el principio de solidaridad de riesgos que late en el sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración con el fin de lograr un mejor reparto de los beneficios y cargas sociales, puede verse frustrado con interpretaciones extensivas del requisito del nexo causal, aunque sea por razones tan atendibles jurídicamente como es la de evitar el desvalimiento de una persona que ha sufrido un grave quebranto”.
La cuestión que se plantea estriba en dónde poner los límites a tan vasta ampliación del ámbito del principio indemnizatorio, asentado sobre la base de la responsabilidad objetiva.
La idea de huir de las tesis maximalistas que en palabras de nuestro Alto Tribunal hay que rechazar se contiene palmariamente en su sentencia de 14 de julio de 2008 donde con extrema contundencia se expresa: “Hay que rechazar, pues, las tesis maximalistas de cualquier signo, tanto las que defienden que no cabe nunca derivar la responsabilidad patrimonial de la Administración autora de un acto anulado como las que sostienen su existencia en todo caso”.
Este alejamiento de las tesis maximalistas podemos comprobar como se ha aplicado también en la cuestión del defecto u omisión del consentimiento informado en materia sanitaria, donde el Alto Tribunal ha evolucionado desde una postura que lo reputaba en sí mismo constitutivo de un daño moral grave, distinto y ajeno al daño corporal derivado de la intervención y por tanto indemnizable, a otra, que afirma como regla o principio que la mera falta o ausencia de aquél no es indemnizable si no concurre el elemento del daño antijurídico.
Nótese, por cuanto reguarda a éste tema que la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica contiene dos supuestos -conectados entre sí, aunque diferentes- relacionados con el derecho a la información en el campo sanitario: la información clínica o asistencial (todo dato que permite adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o la forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla) y el consentimiento informado.
El denominado consentimiento informado encuentra su fundamento en los principios de autodeterminación de la persona y de respeto a su libertad personal y de conciencia, de forma tal que, su base constitucional enlazaría con el propio reconocimiento de la dignidad de la persona contemplado en el artículo 10.1 de la Constitución , de manera tal que, la información proporcionada a través del conocimiento de los riesgos y alternativas terapéuticas permita al enfermo optar entre las diversas posibilidades que se presenten de acuerdo con sus propios intereses.
Para la primera corriente doctrinal que se anunciaba en líneas precedentes, el derecho a la asistencia sanitaria no se agota en la prestación de atenciones médicas y farmacéuticas, sino que incluye el derecho esencial de información previa al sometimiento a cualquier intervención quirúrgica de forma clara y comprensible para el enfermo o para su representante legal, con la advertencia de los riesgos y señalando los posibles tratamientos médicos alternativos y, en todo caso, solicitando el preceptivo consentimiento previo a la intervención. En consecuencia, se da en la realidad legislativa al llamado «consentimiento informado», estrechamente relacionado, según la doctrina, con el derecho de autodeterminación del paciente una nueva configuración de sus relaciones con el médico sobre nuevos paradigmas.
En efecto esta línea jurisprudencia hacia pivotar la responsabilidad en el principio de autonomía personal. Así, se afirmaba que al omitir el consentimiento informado, se privaba de la posibilidad de ponderar la conveniencia de sustraerse a la intervención médica evitando sus riesgos y de asegurarse y reafirmarse en la necesidad de la intervención quirúrgica. De este modo se imposibilitaba al paciente y a sus familiares para tener el debido conocimiento de dichos riesgos en el momento de someterse a la intervención. Para esta corriente jurisprudencial dicha situación no podía ser irrelevante desde el punto de vista del principio de autonomía personal, esencial en nuestro Derecho, que exige que la persona tenga conciencia, en lo posible y mientras lo desee, de la situación en que se halla, que no se la sustituya sin justificación en el acto de tomar las decisiones que le corresponden y que se le permita adoptar medidas de prevención de todo orden con que la persona suele afrontar los riesgos graves para su salud.
Tal doctrina venia afirmando que esta situación de inconsciencia provocada por la falta de información imputable a la Administración sanitaria del riesgo existente, con absoluta independencia de la desgraciada cristalización en el resultado aún no siendo imputable causalmente a dicha falta de información o de que ésta hubiera tenido buen éxito, supone por sí misma un daño moral grave, distinto y ajeno al daño corporal derivado de la intervención. A este respecto cabe resaltar tal como indica el Tribunal Supremo en su sentencia de 7 de junio de 2001, remitiéndose a otras sentencias de 3 y 10 de octubre de 2000 (todas ellas de la Sala de lo contencioso-administrativo) que el título de imputación de la responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios generados por la actividad administrativa por funcionamiento normal o anormal de los servicios, puede radicar singularmente en el ámbito de la asistencia sanitaria, en el carácter inadecuado de la prestación médica llevada a cabo, esa inadecuación puede producirse no sólo por incumplimiento de la “lex artis ad hoc” sino también por la inexistencia de consentimiento informado.
Incluso, tal como se pone de manifiesto en la sentencia del Tribunal Supremo (Sección Tercera) de 23 de febrero de 2005, el Alto Tribunal ha llegado a declarar que el defecto de consentimiento informado se considera como incumplimiento de la lex artis ad hoc (sentencias de 4 de abril de 2000, 3 de octubre de 2000, 2 de octubre de1997 y 30 de marzo de 2003 ).
Como se decía la segunda corriente doctrinal afirma como regla o principio que la mera falta o ausencia de consentimiento informado no es indemnizable si no concurre el elemento del daño antijurídico . El Alto Tribunal a pesar de reconocer que la falta de consentimiento informado constituye una mala praxis ad hoc, no lo es menos que tal mala praxis no puede per se dar lugar a responsabilidad patrimonial si del acto médico no se deriva daño alguno para el recurrente y así lo precisa la sentencia de 26 de marzo de 2002 que resuelve recurso de casación para unificación de doctrina en la que se afirma que para que exista responsabilidad es imprescindible que del acto médico se derive un daño antijurídico porque si no se produce éste la falta de consentimiento informado no genera responsabilidad.
Tesis, por otra parte, que ya había mantenido el Alto Tribunal en la sentencia de 27 de septiembre de 2001 donde declaraba que: “la falta de información no es "per se" una causa de resarcimiento pecuniario (no da lugar a una indemnización si no hay un daño derivado, evitable de haberse producido)”. Éste es también el criterio que mantiene el Tribunal Supremo en su sentencia de 24 de febrero de 2010.
miércoles, 9 de diciembre de 2009
La conjura dels imbècils: No!
Després de dos incidents seguits amb personal de l’empresa privada (i d’entitats de renom) el primer que m’ha vingut al cap és que avui era el dia de la conjura dels imbècils. Quan he recapacitat i m’ho he mirat amb ulls diferents, no des de la perspectiva de la pública sinó de l’empresa privada, he vist que potser no, potser és que a aquestes dues persones, la seva empresa els dóna més feina de la que poden assumir i per això la fan malament, que per això s’equivoquen, que per això no saben del què estan parlant quan resolen un assumpte. Un element de recapacitació me l’ha donat sense saber-ho la senyora de la neteja d’on treballo a l’explicar-me que el marit encara no ha cobrat la nòmina del mes passat, però que no vol dir res per por que l’acomiadin. M’ha comentat també que el propietari de l’empresa s’ha comprat un cotxe nou de molts mils d’euros, però que no paga els treballadors i treballadores...
Aquí hem arribat... aquí: al punt del capitalisme més sagnant. A la privada, no es pot dir: no puc assumir més tasques! i es fa la feina mal feta i es cometen errors que paga el client. A la pública...bé a la pública millor en parlem un altra dia.
Avui una Universitat catalana on line que cada dia penja la “frase del dia” ha penjat una frase de Balzac que diu: “el secret de la fortuna no és el treball sinó l’explotació del treball dels altres”. Francament m’ha semblat molt poc edificant per una Universitat fer aquesta mena d’apologia (ja he cursat l’oportuna queixa) però vist el viscut durant el dia: tremendament realista!
Visquen els somiadors i somiadores per un món millor!!!!!!!!!!
Aquí hem arribat... aquí: al punt del capitalisme més sagnant. A la privada, no es pot dir: no puc assumir més tasques! i es fa la feina mal feta i es cometen errors que paga el client. A la pública...bé a la pública millor en parlem un altra dia.
Avui una Universitat catalana on line que cada dia penja la “frase del dia” ha penjat una frase de Balzac que diu: “el secret de la fortuna no és el treball sinó l’explotació del treball dels altres”. Francament m’ha semblat molt poc edificant per una Universitat fer aquesta mena d’apologia (ja he cursat l’oportuna queixa) però vist el viscut durant el dia: tremendament realista!
Visquen els somiadors i somiadores per un món millor!!!!!!!!!!
domingo, 15 de noviembre de 2009
Cortines de fum per amagar allò important?
...I si vaig pel carrer i un polític em diu hola i jo treballo a l’administració: el polític és corrupte?
On és el límit?. Sóc patrona d’una Fundació i n’assessoro jurídicament (òbviament de forma gratuïta una altra) i col•laboro altruistament en molts altres projectes de caire associatiu. La meva mare, que pobra dóna ja és gran, l’altra dia em preguntava: nena, ets funcionaria, si l’administració on treballes dona una subvenció (sense contravenir cap principi de la llei de subvencions) a la fundació de la que ets patrona, o a alguna de les entitats amb les que col•labores, algú serà corrupte? Aquesta pregunta em va fer pensar molt.
Totes les fundacions i totes les subvencions han d’estar sota sospita perquè hi ha un Sr. Millet? Tots els funcionaris o els polítics han d’estar sota sospita perquè hi ha persones (polítics i funcionaris) que són deshonestos o diguem-ho clar: corruptes? No serà que a les entitats i a les persones veritablement corruptes ja els va bé que els i les ciutadanes pensin que tots són iguals i així amagar-se darrera una cortina de fum molt i molt espessa: ...si tots ho són...
I els ciutadans i ciutadanes: com som?. Qui d’aquest país no ha demanant mai un favor quan ha tingut un familiar ingressat en un hospital (que si us plau no tingués un veí d’habitació conflictiu, que si us plau l’intervinguessin aviat perquè sinó s’hi quedava...). Qui d’aquest país (i jo, com que ho he fet per sistema, n’estic molt cofoia) ha fet retornar els “regals” que pels voltants de Nadal terceres persones que no eren dins el seu cercle d’amics li feien: la concessionària de... Tant pròbits som els ciutadans i ciutadanes?
Els i les mestres, sí els i les mestres, ostres! quin col•lectiu! ...acostumen a rebre regals d’alguns pares, i els metges, ostres un altra col.lectiu!!!! però... són per això comparables al Sr. Camps?
Si us plau no agafem la figa pel capoll (“no saquemos las cosas de quicio” que dirien els castellans) ni la mestra del poble d’Arlessim per acceptar una colònia pel seu aniversari és igual que el Sr. Camps de Valencia. Ni tots els polítics són iguals, ni totes les dones som iguals, ni tots els joves són iguals, ni tots els metges són iguals, ni tots...
Si us plau: desterrem d’un cop la paraula TOTS, ja que només ens porta a amagar els veritables culpables del deteriorament del nostre sistema democràtic.
És què el Sr. Camps representa tots els polítics del món mundial? És què el Sr. Millet representa totes les fundacions catalanes i el seu abnegat esforç per portar endavant causes que d’altres no pilotaven (ja se sap que a la dreta certs projectes mai l’hi han interessat)?
Doncs no, no representen res més que les seves pròpies misèries i per amagar-les culpabilitzen els col•lectius.
On és el límit?. Sóc patrona d’una Fundació i n’assessoro jurídicament (òbviament de forma gratuïta una altra) i col•laboro altruistament en molts altres projectes de caire associatiu. La meva mare, que pobra dóna ja és gran, l’altra dia em preguntava: nena, ets funcionaria, si l’administració on treballes dona una subvenció (sense contravenir cap principi de la llei de subvencions) a la fundació de la que ets patrona, o a alguna de les entitats amb les que col•labores, algú serà corrupte? Aquesta pregunta em va fer pensar molt.
Totes les fundacions i totes les subvencions han d’estar sota sospita perquè hi ha un Sr. Millet? Tots els funcionaris o els polítics han d’estar sota sospita perquè hi ha persones (polítics i funcionaris) que són deshonestos o diguem-ho clar: corruptes? No serà que a les entitats i a les persones veritablement corruptes ja els va bé que els i les ciutadanes pensin que tots són iguals i així amagar-se darrera una cortina de fum molt i molt espessa: ...si tots ho són...
I els ciutadans i ciutadanes: com som?. Qui d’aquest país no ha demanant mai un favor quan ha tingut un familiar ingressat en un hospital (que si us plau no tingués un veí d’habitació conflictiu, que si us plau l’intervinguessin aviat perquè sinó s’hi quedava...). Qui d’aquest país (i jo, com que ho he fet per sistema, n’estic molt cofoia) ha fet retornar els “regals” que pels voltants de Nadal terceres persones que no eren dins el seu cercle d’amics li feien: la concessionària de... Tant pròbits som els ciutadans i ciutadanes?
Els i les mestres, sí els i les mestres, ostres! quin col•lectiu! ...acostumen a rebre regals d’alguns pares, i els metges, ostres un altra col.lectiu!!!! però... són per això comparables al Sr. Camps?
Si us plau no agafem la figa pel capoll (“no saquemos las cosas de quicio” que dirien els castellans) ni la mestra del poble d’Arlessim per acceptar una colònia pel seu aniversari és igual que el Sr. Camps de Valencia. Ni tots els polítics són iguals, ni totes les dones som iguals, ni tots els joves són iguals, ni tots els metges són iguals, ni tots...
Si us plau: desterrem d’un cop la paraula TOTS, ja que només ens porta a amagar els veritables culpables del deteriorament del nostre sistema democràtic.
És què el Sr. Camps representa tots els polítics del món mundial? És què el Sr. Millet representa totes les fundacions catalanes i el seu abnegat esforç per portar endavant causes que d’altres no pilotaven (ja se sap que a la dreta certs projectes mai l’hi han interessat)?
Doncs no, no representen res més que les seves pròpies misèries i per amagar-les culpabilitzen els col•lectius.
martes, 27 de octubre de 2009
CONTRA LA CORRUPCIÓ : BISTURÍ!!!!!
CONTRA LA CORRUPCIÓ : BISTURÍ!!!!!
Vivim en un país que necessita canvis. Varem passar en el seu dia d’una dictadura a una democràcia, ara hem de passar d’una democràcia de segona a una de primera, i passarem a ser una democràcia de primera el dia que els ciutadans i ciutadanes comencem a comportar-nos amb probitat i aquesta mateixa probitat la exigim dels nostres governants, de tots i cadascun d’ells. El dia que anem a votar a les urnes no perquè ens hem enfadat amb algú i per això el votem en contra, sinó perquè tenim unes preferències clares i votem per elles. El dia que tinguem una justícia que s’apliqui amb rigor. El dia que donem més valor a la “meritocràcia” que a la “amigocràcia”. El dia que anem a l'hospital i no ens haguem saltat la llista d'espera perquè tenim una amiga treballant a l'hospital.
Al meu entendre en són els principals esculls, entre d'altres, els següents:
Unes regles del joc democràtic establertes per unes corts no democràtiques, moltes de les lleis que regulen el joc electoral justament no han estat aprovades per les Corts democràtiques sinó per les post-franquistes.
Alguns dels fills de la democràcia, és a dir aquells que ja varen néixer en aquesta etapa es veuen constrets a viure (o viuen) de la generació dels seus pares: desenganyats de (o còmodes amb) tot plegat no batallen per canviar les coses. No tots perquè afortunadament no tots els joves són iguals. Ho dic amb coneixement de causa. Molts d’ells i d’elles treballen contínuament en la millora de la qualitat d’aquesta democràcia.
Alguns jutges i magistrats estan més ocupats fent conferències i assessoraments varis que dedicant-se en cos i ànima a la instrucció i persecució del delictes i la corrupció. No tots, perquè no tots els jutges i magistrats són iguals i parlo per notorietat, molts d’ells són persones treballadores i honestes que implicats en la seva tasca porten a terme una gran labor.
La intervenció dels poders polítics en els mitjans de comunicació i que alguns periodistes és limiten a reproduir les notes de premsa sectàries d’un grup d’interessos enlloc d’investigar els fets i qüestionar allò que calgui. Afortunadament, no tots, perquè no tots són iguals, i així ens ho venen demostrant.
Malgrat aquests esculls crec que som més els que actuem amb honestedat, que som rectes en el obrar i tenim integritat de consciència que els corruptes, ara, això sí, com diu un preuat professor meu: contra la corrupció bisturí! El millor remei per una democràcia sana és llençar les pomes podrides del cistell.
Vivim en un país que necessita canvis. Varem passar en el seu dia d’una dictadura a una democràcia, ara hem de passar d’una democràcia de segona a una de primera, i passarem a ser una democràcia de primera el dia que els ciutadans i ciutadanes comencem a comportar-nos amb probitat i aquesta mateixa probitat la exigim dels nostres governants, de tots i cadascun d’ells. El dia que anem a votar a les urnes no perquè ens hem enfadat amb algú i per això el votem en contra, sinó perquè tenim unes preferències clares i votem per elles. El dia que tinguem una justícia que s’apliqui amb rigor. El dia que donem més valor a la “meritocràcia” que a la “amigocràcia”. El dia que anem a l'hospital i no ens haguem saltat la llista d'espera perquè tenim una amiga treballant a l'hospital.
Al meu entendre en són els principals esculls, entre d'altres, els següents:
Unes regles del joc democràtic establertes per unes corts no democràtiques, moltes de les lleis que regulen el joc electoral justament no han estat aprovades per les Corts democràtiques sinó per les post-franquistes.
Alguns dels fills de la democràcia, és a dir aquells que ja varen néixer en aquesta etapa es veuen constrets a viure (o viuen) de la generació dels seus pares: desenganyats de (o còmodes amb) tot plegat no batallen per canviar les coses. No tots perquè afortunadament no tots els joves són iguals. Ho dic amb coneixement de causa. Molts d’ells i d’elles treballen contínuament en la millora de la qualitat d’aquesta democràcia.
Alguns jutges i magistrats estan més ocupats fent conferències i assessoraments varis que dedicant-se en cos i ànima a la instrucció i persecució del delictes i la corrupció. No tots, perquè no tots els jutges i magistrats són iguals i parlo per notorietat, molts d’ells són persones treballadores i honestes que implicats en la seva tasca porten a terme una gran labor.
La intervenció dels poders polítics en els mitjans de comunicació i que alguns periodistes és limiten a reproduir les notes de premsa sectàries d’un grup d’interessos enlloc d’investigar els fets i qüestionar allò que calgui. Afortunadament, no tots, perquè no tots són iguals, i així ens ho venen demostrant.
Malgrat aquests esculls crec que som més els que actuem amb honestedat, que som rectes en el obrar i tenim integritat de consciència que els corruptes, ara, això sí, com diu un preuat professor meu: contra la corrupció bisturí! El millor remei per una democràcia sana és llençar les pomes podrides del cistell.
lunes, 26 de octubre de 2009
No ens han d'emmudir!!!!
Qualsevol persona i sempre des del respecte pot emetre les seves crítiques a qualsevol institució, empresa, etc. Si no entenem això no hem entés que sóm en una democàcia.
Que l'administració o l'empresa "Pepito" ens pàgui un sou per unes hores de la nostra tasca no ens emmudeix, no ens ha d'emmudir: Està demostrat la dreta vol muts!...
Us commino a tots i totes a deixar de ser muts fóra del nostre horari laboral, utilitzant els nostres mitjans (no els de l'empresa o administració que ens paga el salari). I emprant els nostres propis mitjans generem una revolució democràtica opinant primer i anant a votar després!
Exercim els nostres drets ja!!!!!!!! Tots hem de tenir opinió i tots ens mereixem tenir els mitjans òptims per fer-nos una opinió sobre els temes que ens envolten. No ens deixem anar, no defugim la nostra responsabilitat, no deixem que es perpetuin aquests costums com el de: cobra i calla...
No deixem que tot vagi a parar en el mateix cistell perquè no s'hi val!
Que l'administració o l'empresa "Pepito" ens pàgui un sou per unes hores de la nostra tasca no ens emmudeix, no ens ha d'emmudir: Està demostrat la dreta vol muts!...
Us commino a tots i totes a deixar de ser muts fóra del nostre horari laboral, utilitzant els nostres mitjans (no els de l'empresa o administració que ens paga el salari). I emprant els nostres propis mitjans generem una revolució democràtica opinant primer i anant a votar després!
Exercim els nostres drets ja!!!!!!!! Tots hem de tenir opinió i tots ens mereixem tenir els mitjans òptims per fer-nos una opinió sobre els temes que ens envolten. No ens deixem anar, no defugim la nostra responsabilitat, no deixem que es perpetuin aquests costums com el de: cobra i calla...
No deixem que tot vagi a parar en el mateix cistell perquè no s'hi val!
jueves, 22 de octubre de 2009
És el mateix dir que en una caixa no hi he vist cap rellotge, que dir que no he mirat el contingut de la caixa i per tant no sé ni puc saber si hi ha
És el mateix dir que en una caixa no hi he vist cap rellotge, que dir que no he mirat el contingut de la caixa i per tant no sé ni puc saber si hi ha el rellotge?
Per a mi no, encara que com també li diuen a una amiga meva, em fixo massa en el que diu la gent. Per a d’altres, alguns dels quals, sense cap pudor, exerceixen de fedataris públics, sembla ser que és el mateix.
En el meu Ajuntament d’Arlessim al senyor secretari no li fa cap vergonya dir que en la caixa no hi ha cap rellotge quan ni tant sols ha obert la caixa del rellotge (perquè com que sempre ha manat molt en tots els governs de dretes va a treballar quan vol i ni tant sols s’ocupa de mirar què hi ha a cada caixa tot i ser la seva responsabilitat...).
La que sí que ha obert el senyor secretari, de caixa, és la dels trons, ja que amb tota la impunitat del món ha permès que un determinat grup polític pogués manifestar que el rellotge no hi era, que li han posat després...
Aquest i d’altres fets em porten a creure que en veritat, en alguns indrets petits on sempre ha governat la dreta, no som un país democràtic. Som clients d’una administració de la qual ens beneficiem i per tant ens és ben igual si és o no honesta. No actuem com a ciutadans i ciutadanes, actuem com a “siervos”, traslladem tota la nostra responsabilitat política al govern, hem fet el que O'Donnell anomena democracia delegativa.
Per a mi no, encara que com també li diuen a una amiga meva, em fixo massa en el que diu la gent. Per a d’altres, alguns dels quals, sense cap pudor, exerceixen de fedataris públics, sembla ser que és el mateix.
En el meu Ajuntament d’Arlessim al senyor secretari no li fa cap vergonya dir que en la caixa no hi ha cap rellotge quan ni tant sols ha obert la caixa del rellotge (perquè com que sempre ha manat molt en tots els governs de dretes va a treballar quan vol i ni tant sols s’ocupa de mirar què hi ha a cada caixa tot i ser la seva responsabilitat...).
La que sí que ha obert el senyor secretari, de caixa, és la dels trons, ja que amb tota la impunitat del món ha permès que un determinat grup polític pogués manifestar que el rellotge no hi era, que li han posat després...
Aquest i d’altres fets em porten a creure que en veritat, en alguns indrets petits on sempre ha governat la dreta, no som un país democràtic. Som clients d’una administració de la qual ens beneficiem i per tant ens és ben igual si és o no honesta. No actuem com a ciutadans i ciutadanes, actuem com a “siervos”, traslladem tota la nostra responsabilitat política al govern, hem fet el que O'Donnell anomena democracia delegativa.
Així, en front l’universalisme característic d’un sistema democràtic en alguns pobles, com Arlessim, que a base de governar sempre les dretes no han viscut la transició democràtica, s’imposa l’arbitrarietat, el favoritisme, la discrecionalitat, l’incompliment de la legalitat i una gran escletxa entre l’aparent respecte ritual per les regles formals i la seva cínica vulneració informal. Enfront la separació entre allò públic i allò privat: tot és el pati de casa, la meva empresa, el meu ajuntament que per això sóc l’alcalde: patrimonialització del poder, corrupció política i connivència d’interessos espuris. Cabdillisme, populisme demagògic, impunitat dels governants i paternalisme arbitrari.
La manca d’institucionalització democràtica en algunes contrades governades per la dreta a l’Espanya franquista i postfranquista em porta a entendre a un amic quan diu que la gent d’Arlessim: al cap i a la fi prefereix un alcalde corrupte que li tregui la multa de trànsit que a un alcalde que li fa pagar la multa de trànsit però construeix un centre de dia per les persones amb necessitats... que trist!, però afortunadament al camp de Tarragona no tots els municipis són iguals...
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